El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) se encuentra en un proceso de transformación histórica, en medio de una cruzada contra la corrupción que, por décadas, ha minado la eficiencia y transparencia del sistema educativo.
Y es que el gobierno federal y el instituto lanzaron una auditoría exhaustiva, cuyos primeros hallazgos revelan una serie de prácticas irregulares profundamente arraigadas, tales como el cobro de hasta cinco plazas por parte de algunos docentes y la existencia de maestros que figuran en nóminas desde el viejo régimen sin cumplir con sus responsabilidades.
Este proceso se realiza en paralelo a la posible implementación de la «Operación Enjambre» en Oaxaca, una estrategia del gobierno federal que busca desmantelar redes de corrupción en instituciones clave.
La “Operación Enjambre”, como ocurrió en el Estado de México, es una iniciativa federal de seguridad y justicia que reúne a varias instituciones para desarticular redes corruptas y combatir la malversación de fondos públicos.
En Oaxaca, el IEEPO podría ser foco de esta operación debido a los hallazgos de la auditoría.
Se ha evidenciado, por ejemplo, que algunos docentes ligados al antiguo régimen, en un aparente abuso de poder, mantienen hasta cinco plazas sin prestar servicios en las aulas.
La gravedad de estos actos ha resonado en el ámbito público, especialmente en un contexto donde miles de jóvenes normalistas esperan una oportunidad justa para iniciar su carrera docente.
El director del IEEPO, Emilio Montero Pérez, denunció la quincena pasada que el fenómeno de las “plazas fantasma” se extiende a tal punto que existen registros de alrededor de 750 maestros con hasta cinco décadas de servicio, muchos de los cuales podrían estar retirados o incluso fallecidos.
Este hallazgo evidencia una falta de control administrativo que, durante años, permitió que individuos continuaran percibiendo sueldos sin estar activos.
Ante esta situación, el IEEPO ha anunciado que, a partir de enero, comenzará un cruce de datos con el Registro Civil para identificar a quienes deberían ser dados de baja, liberando así plazas que podrían beneficiar a los futuros educadores.
Este esfuerzo no solo es una medida de control administrativo; representa, en palabras de Montero, un acto de ética y responsabilidad hacia la sociedad.
«El problema no es sólo administrativo, es ético», afirmó Montero, quien ha enfatizado que la transparencia en la gestión de recursos y la depuración de la nómina son “una prioridad institucional”.
Esta postura ha sido bien recibida por muchos sectores de la sociedad, quienes ven en estas acciones un intento serio de limpiar el sistema educativo y asegurar que los fondos públicos se destinen al verdadero desarrollo de la educación en Oaxaca.
Uno de los mayores desafíos que enfrenta el IEEPO en esta cruzada es el control de la “compatibilidad de horarios”, práctica común entre algunos docentes que buscan obtener múltiples plazas en distintos horarios. Ante esta problemática, Montero ha hecho un llamado firme a estos trabajadores para que elijan una sola plaza o cumplan con los requisitos de compatibilidad de horarios, ya que de esta manera se asegura que cada plaza esté ocupada por alguien que efectivamente pueda cumplir sus responsabilidades.
La implementación de la “Operación Enjambre” en el IEEPO tiene un potencial simbólico y práctico inmenso. De concretarse, marcaría un precedente en el combate a la corrupción en el sector educativo, demostrando que incluso los sistemas más arraigados de impunidad pueden ser desmantelados.
El objetivo de estas medidas es claro: garantizar que los recursos y oportunidades lleguen a quienes sí cumplen con su vocación y están dispuestos a dar lo mejor de sí en las aulas.
Para los jóvenes egresados de las escuelas normales, esta limpieza administrativa representa una esperanza renovada, la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo en condiciones justas, sin tener que competir contra un sistema opaco y corrupto.
En la actualidad, Oaxaca se encuentra en un momento de reflexión profunda sobre el papel de los docentes y la administración educativa en general. El gobierno estatal y el IEEPO, de la mano del gobierno federal, se han comprometido a erradicar las malas prácticas en el sector, en una apuesta por una educación pública más eficiente, honesta y ética.
El proceso es complejo y no exento de resistencias, como quedó demostrado en el reciente mitin organizado por la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que tuvo lugar en la ciudad de Oaxaca en conmemoración de la represión de 2006. Las demandas de transparencia y justicia que se escucharon en ese mitin, aunque dirigidas a otros aspectos del gobierno, resuenan con las acciones que hoy realiza el IEEPO en aras de un sistema educativo libre de corrupción.
Para Emilio Montero y su equipo, esta auditoría es más que un simple proceso administrativo; es un acto de justicia social y un compromiso con el futuro de la educación en Oaxaca.
El director del IEEPO ha reiterado que no cederá en su misión de depurar y fortalecer la administración educativa, en beneficio de la comunidad y de los estudiantes que merecen maestros íntegros y comprometidos. En este sentido, el esfuerzo por depurar el sistema y liberar plazas para nuevos docentes no solo es una acción de corto plazo, sino una inversión en un sistema educativo que priorice la calidad y el compromiso.
La “Operación Enjambre” y las auditorías en el IEEPO representan un paso decisivo hacia la transparencia y la ética en el sector educativo de Oaxaca.
Aunque el camino es largo y estará lleno de obstáculos, la determinación de las autoridades educativas por erradicar la corrupción y devolverle al magisterio su rol ejemplar en la sociedad no flaquea.
En este proceso de transformación, el verdadero desafío será construir una estructura administrativa sólida que, en el futuro, prevenga que este tipo de irregularidades vuelvan a ocurrir y que asegure que cada recurso invertido llegue a donde más se necesita: a las aulas y a los estudiantes de Oaxaca.